Cuando se idea, diseña y desarrolla un proyecto de infraestructura urbana, se parte de los conocimientos técnicos en ingeniería. Pero también, para evaluar su viabilidad, se tienen en cuenta otros factores como los económicos, ambientales y socioculturales, entre otros.
Sin embargo, hay unos elementos que no pueden pasar desapercibidos y que son indispensables. Se trata de las disposiciones legales que controlan la elaboración de estos proyectos y que ningún ingeniero debe olvidar. Estas se encargan de regular el uso, la ocupación, y el aprovechamiento de los suelos y territorios.
Si se tienen en cuenta desde la planeación, se reducirán los inconvenientes durante y después de la elaboración de cada proyecto.
Lineamientos de infraestructura
En el país, la normatividad de infraestructura tiene como principio la Ley 388 de 1997. Esta se encarga de organizar el territorio y determinar los usos que se le deben dar. Adicionalmente, dictamina los tipos de normas que rigen los procesos urbanísticos y de construcción en el país.
En ella se encuentran los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que son indispensables para cualquier proyecto de construcción.
El POT es un instrumento que se encarga de que las diferentes ciudades organicen su territorio. Además articula objetivos, políticas y estrategias para generar el desarrollo y la correcta utilización de los suelos.
Para organizar, clasificar e intervenir los suelos de determinados espacios geográficos, existen algunos reglamentos como:
Normas estructurales
Para diseñar correctamente una idea de construcción, uno de los parámetros que se deben tener en cuenta son estas normas. Su función es asegurar los objetivos de los componentes urbanos de un territorio por medio de políticas y estrategias. Es de vital importancia aplicarlas en los proyectos porque son la madre de las otras normas urbanísticas.
Sus principales funciones son las de clasificar el territorio en cuatro tipos: urbano, de expansión, rural y de protección. También establecen las acciones necesarias para proteger el patrimonio histórico –indispensable para la ejecución de cualquier proyecto-. Además, reservan las áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura vial y de servicios públicos.
Normas generales
Una vez se han delimitado y clasificado los territorios, entran en juego estas disposiciones. Sus principales funciones son las de establecer los usos que se le deben dar a los suelos. Entre ellos están los procedimientos de parcelación, urbanización y construcción en las zonas dentro del perímetro urbano.
Asimismo, imponen derechos y deberes urbanísticos a los propietarios y constructores de terrenos, quienes deben especificar ante diferentes entidades los instrumentos que se emplearán en las intervenciones para que estas no afecten el desarrollo urbano.
Los ingenieros, arquitectos y maestros de obra pueden encontrar en sus disposiciones algunos lineamientos sobre: volumetrías y alturas para los procesos de edificación; determinación de las zonas de renovación y programas de intervención; delimitación de espacios libres y zonas verdes; las especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los servicios públicos domiciliarios; entre otras.
Normas complementarias
Estas son las últimas, pero no menos importantes, disposiciones normativas de infraestructura. Una vez diseñado el proyecto con los parámetros de los otros reglamentos, se acude a esta normatividad para: conocer los programas y proyectos adoptados en el desarrollo de un plan de ordenamiento; e identificar cuáles son las regulaciones para las operaciones urbanas con relación a las normas urbanísticas generales de determinado territorio.
Por eso, si se desea llevar a cabo correctamente el desarrollo en un proyecto de infraestructura urbana, aparte de los conocimientos técnicos, es necesario partir de las disposiciones legales como la Ley 388 de 1997 y los POT de los municipios donde se va a ejecutar para conocer los requisitos y restricciones legales de construcción.
