La construcción de redes camineras para el desplazamiento del transporte terrestre, así como sus respectivos cruces y empalmes, implica la intervención significativa de grandes extensiones de terreno, lo cual genera impacto en el medio ambiente.
En general, los proyectos viales se consideran obras que representan un beneficio social y económico para las regiones. Además, están asociadas a una mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, son elementos importantes dentro de una política integral de desarrollo. Sin embargo, carreteras, puentes y túneles, al igual que otras obras de infraestructura vial, pueden causar efectos muy negativos sobre el medio ambiente. Por ello, es muy importante evaluar previamente los lineamientos principales del proyecto, con el fin de diseñar estrategias que eviten, mitiguen y compensen posibles futuras externalidades.
Entre los daños más frecuentes que la construcción de caminos puede provocar al medio ambiente están: fragmentación de ecosistemas, dispersión de especies exóticas y disminución de las especies de flora y fauna nativa; alteración del ciclo hidrológico, cambios microclimáticos, producción de material particulado y de ruido; y contaminación de las aguas y del suelo.
La apertura de frentes de colonización humana es un impacto indirecto que puede generar, en el mediano y largo plazo, la reconversión en el uso del suelo, la destrucción de hábitats naturales y la reducción de la biodiversidad.
Desarrollo, medio ambiente y sostenibilidad
Actualmente, el concepto de “sostenibilidad” es el que impera en materia de ejecución de obras de infraestructura vial. Surge como una respuesta a la necesidad de desarrollar medidas que mitiguen el impacto negativo de las actividades humanas sobre el medio ambiente, la humanidad y la economía. Y plantea que el desarrollo debe estar asociado al uso razonable de los recursos.
Para ejecutar obras de infraestructura vial, se debe incorporar este nuevo principio. Inevitablemente, el sector provoca grandes impactos y presión sobre los recursos, lo cual se traduce en generación de residuos, emisión de toneladas de gases, reducción de la biodiversidad y alteración del paisaje.
Al respecto, el Ministerio de Transportes de Colombia administra el Instituto Nacional de Vías (Invías) desde 1992. Este organismo se encarga de ejecutar políticas, estrategias, planes y programas relacionados con la infraestructura vial pública del país.
Al alero de Invías se encuentra una oficina técnica especializada, que es la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social. Esta desempeña un papel muy importante en la gestión ambiental, social y predial de los proyectos. Con el apoyo de un equipo multidisciplinario, coordinado con las unidades ejecutoras, gestiona y garantiza el cumplimiento de la normativa.
Estos preceptos incluyen políticas, normas y procedimientos de gestión social, ambiental y de adquisición de predios, dentro del conjunto de proyectos de infraestructura vial carretera no concesionada del país.
La aplicación de la normativa gubernamental en lo tocante a obras viales, se realiza a través del programa Factor Verde. Creado por Invías, Factor Verde certifica aquellos proyectos que implementan dentro de su gestión el uso eficiente de los recursos, las buenas prácticas de ingeniería y el respeto por la naturaleza. Esto forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, que es la nueva óptica de la gestión pública. La visión se orienta al cuidado del medio ambiente, y al compromiso con el bienestar social, la transparencia y la equidad.
Además, dentro de este contexto, Invías elaboró la “Guía de Manejo Ambiental para Proyectos de Infraestructura”. Se trata de un documento técnico dirigido a contratistas e interventores. El objetivo es entregar pautas para lograr un manejo adecuado y sostenible de las obras viales en ejecución. El Estado también provee a los particulares de los recursos e insumos necesarios para la ejecución de obras bajo estándares de calidad y sostenibilidad.
Normativa legal sobre protección del medio ambiente
El Artículo 49 de la Ley 99 de 1993 consagra la obligatoriedad de la Licencia Ambiental. Esta rige para la ejecución de obras o actividades industriales, que puedan producir deterioro grave a los recursos naturales. También incluye modificaciones considerables o notorias al medio ambiente. La legislación vigente sobre este aspecto es la Ley 99 de 1993, específicamente, el Artículo 52.
En materia de carreteras, este reglamento enumera como presumibles deterioros graves a los recursos naturales y modificaciones considerables al paisaje la construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la misma, la construcción de segundas calzadas y la construcción de túneles con sus accesos.
Por otro lado, no están sujetos a licenciamiento ambiental los trabajos de mejoramiento, rehabilitación, pavimentación y mantenimiento de vías y de refacción, y mantenimiento de puentes y pontones. No obstante, previamente a su inicio y ejecución, deben gestionar y obtener los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y mineras. Estos trámites se realizan ante las autoridades regionales, cuyos insumos son descritos en el documento técnico Invías. El soporte jurídico se encuentra en los formatos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). También, en la respectiva aplicación normativa para cada recurso natural que se intervenga.
Conclusión sobre proyectos viales y protección del medio ambiente
La Ley 99 de 1993 es una norma fundamental por la claridad que otorga sobre los Fundamentos de la Política Colombiana sobre medio ambiente y desarrollo.
Sin embargo, la gestión ambiental del sector no es solo responsabilidad de los actores institucionales, sino de los ejecutores privados. A través de ellos, se realizan los proyectos.
Por esta razón, cobra especial vigencia la necesidad de aunar esfuerzos entre el Estado y los particulares. Juntos podrán asumir la planeación, ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte con una visión innovadora y proactiva.
Los objetivos de esta alianza deberán orientarse a disminuir la afectación del patrimonio natural y a promover el desarrollo sostenible.
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